Repercusión ambiental y socio-económica de la mega-minería

Si bien es un tema sobre el que se debate ya hace algunos años, en los últimos meses hemos asistido a una discusión que se instaló en la agenda pública mendocina (como así en otras provincias) y que ha implicado la participación y la movilización en distintas formas, de gran parte de población. Dicha participación consiste en defender la ley 7722 que prohíbe el uso de cianuros, ácido sulfúrico, mercurio y cualquier otro compuesto tóxico en la actividad extractiva de la mega minería hidroquímica metalífera a cielo abierto.

Según Marcelo Giraud, licenciado en geografía y representante del Consejo Provincial del Ambiente ante la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera, “la explotación minera a cielo abierto, es la técnica más utilizada actualmente, dado el progresivo agotamiento mundial de los metales”. Y en cuanto al impacto ambiental de dicha actividad, en su estudio “Aspectos ambientales y socio-económicos de la actividad minera”, deja en claro que “la extracción de áridos o rocas calizas produce impactos ambientales como eliminación de la cubierta vegetal, alteración de la red hidrográfica y del paisaje, y emisión de polvos. La minería metalífera merece un análisis profundo. En el pasado la minería metalífera causó graves daños ambientales, que hoy se trata de disminuir mediante cambios tecnológicos, procedimientos de evaluación de impacto ambiental, técnicas de mitigación de impactos y cierre final de minas. No obstante, la realidad mundial muestra que a pesar de ello, la minería metalífera sigue causando variados impactos sobre el agua, el suelo, el aire, los seres vivos, el paisaje y las comunidades, en países pobres como ricos”. Sobre esto hay sobrados ejemplos en los últimos años en distintos países (Chile, EEUU, Rumania, Guyana por citar algunos casos de gran magnitud), que han provocado grandes contaminaciones y han significado enormes gastos para los Estados que han debido afrontar estas problemáticas. En este sentido, el caso del Valle de Uco es paradigmático, justamente en una provincia donde el recurso hídrico que es vital para la población, se vió seriamente amenazado por la explotación minera, situación que fue contrarrestada por una fuerte movilización popular que reclamó la zona como área protegida.

En cuanto a los beneficios socio-económicos que dicha industria puede aportar a la sociedad en la cual se instala la minera, Marcelo Giraud aporta un dato interesante, y es que “cada 1 millón de dólares invertido, se crean apenas entre 0,6 y 2 empleos directos”. Entonces mientras menor empleo se genera, menor es la participación de los trabajadores en el valor agregado total que ellos produjeron con su trabajo, es decir, la mayor parte es ganancia del capital. Y si bien los salarios pagados no se encuentran entre los más bajos de la economía, esto se debe a la alta calificación de gran parte de la mano de obra, a las duras condiciones de trabajo (esfuerzo físico, desarraigo, riesgos, condiciones climáticas, altura), y al mayor costo de vida en muchas zonas mineras. Además, debe recalcarse que la masa salarial total es ínfima comparada con las ganancias, de modo que si los empresarios otorgan un aumento de salarios, es muy poco lo que ellos dejan de ganar. Por otro lado, es común que el sector minero destaque los empleos indirectos que se generan con su actividad, es decir los de actividades inducidas por la demanda de bienes y servicios de las empresas. Es cierto que las grandes empresas mineras compran en Argentina parte de sus insumos corrientes durante la fase de explotación, y eso genera empleo nacional. Sin embargo, la mayor parte de los bienes de capital (palas cargadoras, camiones, maquinarias, etc.) y muchos insumos son importados, lo cual origina empleo en otros países.

Entonces, por un lado tenemos lo poco tentadoras que resultan éstas empresas a nivel empleo, evidenciado esto en las opiniones de la gente como Verónica Blanes, vecina autoconvocada de Luján en relación a la minera San Jorge, que declaró que "estamos acá en defensa del agua pura y en contra de la contaminación. Nos prometen 200 puestos de trabajo que no nos importan porque la minería destruiría la vitivinicultura, que está en auge en el mundo. Una sola bodega de Uspallata le da trabajo a 200 personas". Y por otro lado el repudio generalizado que produce lo que atenta contra un elemento fundamental como es el agua, justamente en un lugar en el que dicho factor ha sido y es de vital importancia para nuestro ecosistema y nuestra vida en el. Por todo esto las movilizaciones con respecto al proyecto minero de San Jorge, en Uspallata, que implica también a la vecina provincia de San Juan, muestran de pie a los vecinos que ven amenazados sus cultivos y cursos de agua por una actividad extractiva altamente tóxica.


Nicolas Bayardy.